Delitos contra la Hacienda Pública: qué son, cuándo se cometen y cómo defenderse
Los delitos contra la Hacienda Pública, también conocidos como delitos fiscales o fraude fiscal, exigen un conocimiento altamente especializado que abarca principalmente el Derecho Penal, pero que se conecta de forma directa con otras áreas como el Derecho Tributario y el Derecho Mercantil.
Se trata de procedimientos de enorme complejidad técnica, en los que una estrategia jurídica incorrecta puede derivar en consecuencias económicas muy graves e incluso en penas de prisión.
¿Qué se considera delito contra la Hacienda Pública?
Los delitos contra la Hacienda Pública son aquellos en los que, por acción u omisión, se defraudan cantidades económicas a la Hacienda estatal, autonómica, local o foral.
Entre las conductas más habituales se incluyen:
- Elusión o impago de tributos como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.
- Obtención indebida de subvenciones o ayudas públicas.
- Solicitud fraudulenta de devoluciones fiscales.
Para que el fraude fiscal sea considerado delito, la cuantía defraudada debe superar los 120.000 euros por ejercicio fiscal.
Penas por delito fiscal
El delito contra la Hacienda Pública está castigado con:
- Pena de prisión de uno a cinco años.
- Multa del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada.
Además, pueden imponerse otras consecuencias accesorias como la pérdida de beneficios fiscales, subvenciones o incentivos públicos.
Modalidades agravadas del delito contra la Hacienda Pública
La legislación penal prevé formas agravadas del delito fiscal cuando concurren determinadas circunstancias, entre otras:
- Que la cuantía defraudada supere los 600.000 euros.
- Que la defraudación afecte a fondos de la Unión Europea.
- Que se actúe dentro de una organización criminal.
- Uso de sociedades pantalla, personas interpuestas o paraísos fiscales.
- Ocultación del verdadero responsable o de su patrimonio.
En estos supuestos, las penas pueden incrementarse de forma muy significativa.
Vía administrativa y vía penal: diferencias clave
Uno de los aspectos más delicados de este tipo de procedimientos es la diferencia entre la vía administrativa tributaria y la vía penal.
No todas las inspecciones o regularizaciones fiscales derivan automáticamente en un proceso penal, pero una mala gestión inicial puede acabar provocándolo.
Por ello, resulta esencial contar desde el primer momento con abogados que dominen ambos ámbitos y sepan actuar estratégicamente para:
- Evitar la apertura de un procedimiento penal cuando sea posible.
- Acreditar la buena fe y la voluntad de regularización.
- Analizar la legalidad de la obtención de las pruebas.
- Detectar defectos procesales o vulneraciones de derechos.
La importancia de un abogado especializado en delitos fiscales
No cualquier abogado puede ofrecer garantías frente a una acusación de la Agencia Tributaria. La complejidad técnica de estos delitos, unida a la intensidad de la actuación administrativa, hace imprescindible una defensa altamente cualificada.
Contamos con un equipo multidisciplinar integrado por:
- Abogados penalistas expertos en delitos económicos.
- Fiscalistas especializados en procedimientos tributarios complejos.
- Peritos y expertos técnicos en materia contable y financiera.
Si el procedimiento afecta a una empresa, colaboramos además con una consultora especializada en cumplimiento normativo y defensa empresarial: Ethica Consultoría Empresarial.
Experiencia y resultados en delitos contra la Hacienda Pública
Desde nuestros inicios como despacho hemos intervenido en un elevado número de procedimientos por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
La experiencia acumulada y el enfoque estratégico de cada caso nos ha permitido alcanzar un excelente porcentaje de resoluciones favorables y absoluciones, siempre dentro del respeto al marco legal y a la confidencialidad de nuestros clientes.
Hoy en día vemos con frecuencia cómo tanto personas anónimas como figuras públicas ingresan en prisión por este tipo de delitos. Contar con una defensa especializada puede marcar la diferencia entre una condena grave y una solución jurídica adecuada.
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Si la Agencia Tributaria te acusa de un delito fiscal o detecta irregularidades en la presentación de tus impuestos, es fundamental actuar con rapidez y asesoramiento experto.
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